El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la salud en su Constitución. Sin embargo, actualmente hay pacientes renales que deben recorrer horas para dializarse. También compran sus propios insumos y medicamentos o eligen a cuál de sus sesiones mensuales faltar porque no tienen dinero para los pasajes.
Hasta julio de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) adeudaba 206,6 millones de dólares a las clínicas privadas de diálisis con las que tiene convenio. El IESS sumaba otros 44,6 millones a agosto de 2025. Ninguna de las dos instituciones publicó estas cifras. Las obtuvo el asambleísta Franklin Samaniego mediante una solicitud formal de información.
Desde entonces han pasado casi 10 meses. El MSP no actualiza sus datos públicos. El último boletín de salud renal de Ecuador disponible en su página web corresponde al gobierno anterior y tiene corte a mayo de 2022.
